Omar Niño - May. 21, 2026
El reto regulatorio que las IPS deberían anticipar por la propuesta de eliminación del SOAT para motos
Esta semana, se debate nuevamente un tema de la eliminación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para motocicletas de hasta 250 cc, que representa una transformación estructural de financiación del sistema de atención médica (traslado de víctimas y servicios de salud) y el pago de las indemnizaciones de Incapacidad y Muerte. La propuesta, impulsada por la senadora Paloma Valencia, busca trasladar ese costo del motociclista al Estado, a través de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
En primera lectura, la propuesta juega a la arena política un alivio para 2.6 millones de conductores de estratos bajos que dependen de la moto como herramienta de trabajo, sin cargo financiero. Pero más allá, hay una realidad operacional que las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) de Colombia deben enfrentar, comprender y, estratégicamente, maniobrar. Este artículo analiza qué significa realmente este cambio para las entidades de salud que hoy atienden víctimas de siniestros viales.
Antes de analizar el impacto de la propuesta, es fundamental entender el punto de partida. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y Fasecolda, Colombia cuenta con aproximadamente 13,5 millones de motocicletas registradas. De ellas, apenas 5,2 millones tienen SOAT vigente. Esto significa que el 61% de los motociclistas circula sin el seguro obligatorio.
¿Qué representa esa cifra para las IPS? Significa que actualmente, una proporción sustancial de víctimas de accidentes con motos llega a los servicios de urgencias sin financiamiento de asegurador. Hoy, eso se debería resolver con recursos de la ADRES que cubre esos costos hasta el monto de cobertura del SOAT, pero las IPS enfrentan un sin número de problemas para el pago de los servicios por intento de fraude de víctimas que simulan accidentes o presentan pólizas de vehículos diferentes al que intervino en el siniestro, las cuantiosas objeciones de las entidades Aseguradoras y el ADRES y la dificultad en la recuperación de esta cartera morosa, ente otras.
El crecimiento acelerado de siniestros: 40% interanual
Según datos de abril 2026, el mercado de motocicletas crece a un ritmo de 40.69% interanual. En lo corrido del año 2026, el sector ha crecido más del 37%. Las motos representan hoy el 63.5% del parque automotor colombiano, y el 93.4% de las unidades nuevas son de hasta 250 cc: exactamente el segmento que la propuesta exonera del SOAT.
A este crecimiento acelerado se suma un factor crítico: la seguridad vial de los motociclistas en Colombia está deteriorada. El 85% de las vías terciarias no está pavimentado, los motociclistas carecen de medidas de protección especial, no se cuenta con protecciones específicas en la infraestructura vial, hay deficiencias históricas en señalización, sin carriles seguros para este medio de transporte. Paralelamente, investigaciones del sector han documentado baja conciencia sobre prácticas seguras entre conductores y ocupantes de motos, imprudencia y un alto riesgo de accidentes de tránsito
El resultado muestra un parque automotor que crece exponencialmente, con un acervo de vehículos de bajo cilindraje manejados por conductores de ingresos bajos, en vías inseguras, sin protecciones específicas y con escasa conciencia de riesgo, con una representación de más del 80% de los accidentes de tránsito reportados en los que involucra una motocicleta menor a 250cc. Es decir, una receta para siniestralidad creciente.
Impacto en las IPS: de la reclamación bilateral a la gestión administrativa con ADRES
Hoy, cuando un paciente llega a la IPS en accidente de tránsito con SOAT vigente, el flujo es relativamente claro: la IPS radica la reclamación ante la aseguradora SOAT, donde existe un marco regulatorio especial ( Capitulo IV del Decreto 780 de 2016), tarifas definidas, enmarcado dentro del contrato de seguros y un flujo de recursos adecuado, con procesos de conciliación de cuentas y depuración de cartera definidos por la Aseguradora, lo que permite acudir a la Segunda línea de pago, ADRES, de una forma relativamente rápida.
Sin embargo, con la eliminación del SOAT para motos hasta 250 cc, ese escenario cambia radicalmente. La reclamación no irá a una aseguradora; irá a la ADRES. Y aquí es donde emerge el verdadero impacto operacional.
| Elemento | Con SOAT (Hoy) | Sin SOAT (Propuesta) |
|---|---|---|
| Pagador inicial | Aseguradora SOAT (privada) | ADRES (entidad estatal) |
| Marco Legal | Contrato de seguro, Decreto 780 de 2016 (Decreto 056 de 2015) | Decreto regulatorio especial, Resolución ADRES |
| Auditoría Médica | Sistema SIRAS, SASS u otro específico de la aseguradora | SIA (Sistema Inteligente de Auditoría de ADRES) |
| Tiempos de Pago | Típicamente 30 días | En la práctica los resultados de auditoria han superado los 8 meses |
| Riesgo Financiero | Moderado (tercero solvente; regulado por SFC) | Alto (presión en presupuesto ADRES) |
Impacto en las IPS: de la reclamación bilateral a la gestión administrativa con ADRES
Si bien el cambio propuesto busca beneficiar a motociclistas de ingresos bajos, acarrea riesgos concretos para las instituciones prestadoras:
Presión sobre la liquidez de ADRES. Actualmente, ADRES cubre parte de los costos de atención sin SOAT. Si se formaliza una cobertura universal para 93,4% de las motos nuevas, la presión sobre sus recursos crecerá exponencialmente. IPS puede enfrentar retrasos en la auditoría y pago de reclamaciones.
Cambio de marco de auditoría. Con SOAT privado, las auditorías se rigen por El Decreto 056 de 2015 integrado en el Decreto 780 de 2016, con procesos conocidos y relativamente estables. Con ADRES, el sistema será el SIA (Sistema Inteligente de Auditoría a partir de mayo 2026), que, aunque reciente, traerá nuevos criterios, algoritmos y, potencialmente, mayores rechazos de reclamaciones si los estándares clínicos difieren.
Déficit de cobertura regulatoria durante la transición. El proyecto contempla un período de 6 meses para que el Gobierno defina cómo se financiará la atención. En esa ventana, IPS operará con incertidumbre: ¿a quién facturar? ¿a ADRES? ¿Qué garantía de reembolso hay?
Mayor prevalencia de cartera de difícil cobro. Si la ADRES no cuenta con suficientes recursos, o si los retrasos se normalizan, las IPS absorberán cuentas por cobrar más voluminosas, lo que agrava su solvencia patrimonial.
Impacto combinado con crecimiento de siniestralidad. Un parque que crece 40% anual, sin mejoras en seguridad vial, suena como: más accidentes, más IPS cargando costos no compensados.
Las oportunidades: Cómo las IPS pueden anticiparse
Pero una crisis regulatoria es también una oportunidad para aquellas IPS que se anticipan. Aquí están las dimensiones estratégicas:
1. Optimizar la gestión de reclamaciones con ADRES
Las IPS deben mapear hoy mismo los requisitos del SIA de ADRES, conocer sus protocolos de auditoría, y entrenar a sus equipos de facturación en la radicación ante ADRES. ADRES maneja criterios distintos a los de aseguradoras privadas. Una IPS que domina SIA antes de que entre en vigencia, tendría una ventaja competitiva para recuperar reclamaciones con mayor rapidez y menor rechazo. Esto requiere inversión en asesoría y en sistemas de información, pero es una oportunidad para diferenciarse operacionalmente.
2. Diversificar fuentes de pago: Seguros privados complementarios
Si bien ADRES será la ruta principal de financiamiento, la propuesta abre espacio para seguros privados complementarios. IPS puede establecer alianzas con aseguradoras que ofrezcan otros productos de atención en salud. Sin embargo, considero que varias IPS que enfocan su mercado en la Atención de víctimas de accidentes de tránsito, tendrán altas dificultades operacionales, por lo que muchas cerraran sus servicios y otras diversificaran su portafolio.
Es importante también reconocer, como lo hace la senadora Angélica Lozano, que la propuesta comporta riesgos significativos para el Estado—y, por ende, para las IPS que dependen de su financiamiento.
El discurso oficial sugiere que simplemente ‘el Estado pagará el SOAT.’ Pero ¿de dónde? La deuda pública de Colombia está en niveles históricos. ADRES ya opera bajo presión presupuestaria. Contrastar esto con un mercado de motos en crecimiento del 40% anual, con siniestralidad que tiende a crecer por falta de infraestructura vial segura, y la propuesta se ve como un juego de suma negativa: los motociclistas ganan (no pagan), el Estado pierde (asume costos no financiados), y las IPS quedan en el medio, reclamando a la ADRES que cuenta con procedimientos diferenciales de pago a las IPS y sin procedimientos de conciliación de cartera para los prestadores.
Conclusiones
La propuesta de Paloma Valencia de eliminar el SOAT para motos de hasta 250 cc no es un cambio marginal, es una transformación del sistema de financiamiento de atención en accidentes de tránsito, que llevará reclamaciones del sector privado asegurador a una entidad estatal que ya está bajo presión.
Para los motociclistas de estratos bajos, es potencialmente positivo: no pagar SOAT; pero para el Estado, es un riesgo creciente. Y para las IPS, es un punto de inflexión que requiere anticipación.
En mi concepto, la propuesta no fortalece el esquema de aseguramiento basado en el riesgo, donde a través de una “nota técnica” se define la prima o costo de la póliza a cargo del Asegurado para cubrir a los beneficiarios del seguro a través de las diferentes coberturas ( Servicios de Salud, Traslado de Victimas, Incapacidad total y permanente y Muerte y gastos funerarios), si no que la propuesta beneficia a los propietarios de motocicletas menores de 250cc, que pierden la noción de minimizar el riesgo y buscar la asegurabilidad, a obtener una financiación de estas contingencias a cargo del Estado, lo cual es un punto negativo para el sector asegurador en este y en otros productos de seguro.
Es también importante evaluar la afectación para todas aquellas empresas, personas que directa o indirectamente trabajan con el sector asegurador en SOAT como:
En las Aseguradoras puede generar:
Desempleo de Intermediarios, corredores de seguros, que comercializan el SOAT
Desempleo de Personal administrativo que realiza el proceso de análisis, investigación y auditoría de las reclamaciones del SOAT
Desempleo de Terceros relacionados con procesos del SOAT
En las IPS: Seguramente estos cambios generarán la salida de varios prestadores de servicios de salud enfocados en la atención del trauma, generará desempleo en personal médico, paramédico y administrativo que trabaja con servicios de salud y demás amparos del SOAT
En terceros relacionados con la comercialización del SOAT o indemnizaciones del SOAT: Se verán afectados también comerciantes, proveedores y demás personas que de una u otra manera trabajan alrededor de todo lo que implica este importante seguro para los colombianos.
El peso de dos mundos a tu favor.
Omar Niño posee un perfil único en Colombia: Auditor Médico con maestría en Administración de Justicia y Derecho Procesal. Más de 20 años enfrentando a las aseguradoras en su propio juego.
Argumentación Clínica
Desvirtuamos glosas absurdas con ciencia exacta. Hablamos el idioma de los auditores.
Obligamos el pago mediante conciliación administrativa y fuerza procesal.
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