En Colombia hemos visto como el SOAT no es solo una póliza de seguro con un alto componente de función social, es en la práctica la llave de acceso a un sistema oportuno, accesible, de amplia cobertura para las victimas de accidentes de tránsito. Por eso, cuando el Gobierno empezó a mover las piezas regulatorias desde 2022, primero con el Decreto 2497 de 2022 y luego con el reordenamiento de unidades de referencia para las tarifas, el debate se quedó corto, solamente a “desindexar tarifas”, sin profundizar en los problemas estructurales del SOAT, ampliamente conocidos como la evasión, la insuficiencia de la tarifa del seguro de acuerdo a la siniestralidad y composición del parque automotor, los costos reales de las tecnologías médicas utilizadas para la atención del trauma, el fraude del seguro, la diferencia normativa entre ADRES y Aseguradoras SOAT, los problemas de información y de reclamación de los gastos médicos, entre otros.

Lo que realmente cambió fue el mecanismo de indexación: pasamos de una tarifa atada al salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), a una tarifa atada a la unidad de valor tributarios UVT, y después a una tarifa atada a la unidad de valor básico UVB. Ese tránsito tiene un efecto político y económico directo: desenganchar costos del sistema (y pagos a prestadores) del salario mínimo, para que el incremento salarial no dispare automáticamente precios, multas y tarifas públicas.

El problema es que, en salud, y especialmente en los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios (En general de todas las tecnologías en salud), la pregunta no es si la desindexación “suena técnica”, sino si mejora o deteriora la oportunidad y suficiencia de pago para que las IPS mantengan su capacidad instalada, su tecnología, suministros, gastos operacionales, administrativos, financieros, talento humano y disponibilidad 24/7.